La prohibición del lenguaje inclusivo

“Para escribir bien, razonar es el principio y la fuente.”

Horacio – Epístola a los pisones, 15 a. C.

Esta semana el gobierno francés, a través del ministro de educación, ha prohibido el lenguaje inclusivo en la escuela, es decir, proscribe ese uso y no permitirá que los profesores lo enseñen a los alumnos. Se añade a la prohibición de 2017 de usarlo en la administración pública. La noticia ha molestado a los sectores más comprometidos con el feminismo, la desigualdad de género y ese conjunto de luchas identitarias que suelen ir aparejadas a lo que comúnmente llamamos izquierda política. Por el contrario, ha sido aplaudido con rencor por el sector opuesto, con el hastío del que resopla “ya era hora,” ese que llamamos derecha por simplificar. Sin embargo, al margen de la izquierda y la derecha, que es como se suele entenderse la dicotomía política, está el arriba y abajo. Abajo están la izquierda y la derecha, arriba está la libertad. Aún no he visto un comentario desde esa perspectiva. Empecemos pues.

El lenguaje inclusivo en España se reconoce por el desdoblamiento de género, niños y niñas, diputadas y diputados, a veces por triplicado, políticos, políticas, polítiques, en ocasiones por el uso de grafías ocurrentes, como en alumn@s, o por la sustitución de la desinencia de género por la incógnita que todo lo puede, tontxs. También utiliza otros recursos menos llamativos, no viene al caso repasarlos todos. En Francia, entre otros hábitos, destaca uno curioso, el point médian, que desdobla los géneros con un puntito, solamente por la desinencia, como en député·e·s, a veces incluso inventando una desinencia marcadamente femenina, agriculteur·trice·s. Sin entrar en los detalles de la prohibición, el caso es que el gobierno francés proscribe la enseñanza en las escuelas de estos usos.

Probablemente Francia sea el Estado por antonomasia. Hasta tal punto alcanza su poder que se ve legitimado para prohibir cualquier cosa, incluso los usos lingüísticos que no le gustan al gobierno. Tan asentado está el estatismo que la mitad de los ciudadanos se satisfacen con la prohibición, y la otra mitad tilda al ministro de educación de retrógrado, sectario, partidista, machista y, si viviera en Madrid, de facha. A nadie veo, en cambio, que advierta que el ministerio de educación debería desaparecer y dejar de prohibir cosas que atañen a la libertad de los individuos.

Del lado izquierdo, la consigna es que el lenguaje inclusivo es necesario y la lucha contra la desigualdad de género debe enfatizarse también en la lengua, ya que el masculino genérico excluye a las mujeres. Del otro lado, la prohibición se justifica porque la lengua francesa es un tesoro hermoso y fluido que no debe someterse a instrumentalización política, y que el lenguaje inclusivo dificulta el aprendizaje, la lectura en voz alta, la pronunciación, etc. Unos saltan de alegría a un lado de la línea roja. Los otros patalean en frente. Ambos parecen persuadidos de que el Estado tiene potestad para decidir en tales extremos. La libertad de usar la lengua, sin embargo, pasa desapercibida.

La batalla la empezaron los políticos e ideólogos de lo que hemos llamado izquierda, tú me perdonas, lector, que eres culto y sabes que estoy simplificando, para entendernos. Se pasa por alto que no había batalla que librar, no había desigualdad, ni afrenta, ni daño alguno. Sumidos en su estupidez, o en su interés político, que tanto da una cosa o la otra, no dijeron que el género en la lengua es una categoría gramatical, presente en muchos casos, que ayuda a la comprensión mediante la redundancia que generan las concordancias, y que no se refiere ni a hombres ni a mujeres, ni a derechos civiles, ni a permisos de maternidad, ni a micromachismos. Cuando se dice amarillo, o amarilla, no hay ninguna intención política de señalar o desprestigiar a las mujeres. El sexo de los humanos es ajeno a las categorías gramaticales. Tener que recordarlo da vergüenza, pero en eso estamos. Para no ser prolijo, nuestro lenguaje, haciendo gala de la máxima de economía presente en todo el universo, utiliza el término no marcado cuando se refiere a un grupo sin distinción de género, por ejemplo, los diputados, para referirse a todos, hombres y mujeres, o alumnos, sin diferenciar niños y niñas. El desdoblamiento de género es innecesario, en tanto en cuanto el término no marcado, inocente de cualquier mácula sexual, engloba a todos. Sin embargo, algunos replican que se usa como genérico el masculino, lo cual invisibiliza a las mujeres, las excluye, y cosas así. Eso es síntoma de gran desconocimiento del lenguaje, o de perversidad ideológica, tanto da: taxistas es un término no marcado, incluye a mujeres y hombres taxistas, y no tiene desinencia de género masculina; golondrinas también, no excluye a los machos, por más que su desinencia sea femenina; de igual modo inteligentes, o idiotas, abarcan a todo el mundo sin distinción. El término no marcado es el que es, a veces de género masculino, otras no, y la asociación sexual de la categoría gramatical está solamente en la cabeza del enfermo.

Pero lo más terrorífico de la noticia no es la posición política de cada bando, o las razones que argumentan unos y otros para justificar su postura. Lo que asusta es que demos por bueno que el Estado legisle los usos lingüísticos. Dejamos, sin darnos cuenta, que se entrometa en el vehículo que utilizamos para transmitir nuestro pensamiento, y con ello en nuestra forma de elaborarlo, en el modo de pensar. La línea que se cruza no tiene vuelta atrás. El Estado no puede, o no debería poder, legislar sobre nuestra lengua. Ni siquiera las instituciones lingüísticas, como en español la RAE, tienen esa capacidad. Simplemente constatan los usos más comunes y cultos que las personas hacemos del lenguaje, esto es, lo más habitual, y elaboran un cuerpo de reglas que lo resumen, dirigido sobre todo a la enseñanza, para que uno pueda hacerse entender por la mayoría, y también entienda lo que dicen los demás. No obstante, uno puede decir lo que le venga en gana, que no es constitutivo de delito. Podemos pronunciar mal, escribir con faltas de ortografía, inventarnos palabras, cambiar las letras de sitio, y no pasa nada, es legal. Otra cosa es que te entiendan, pero eso no le debe importar al legislador. De hecho, cuando los latinos empezaron a relajar la pronunciación de pater, en España quedó la palabra padre, y es la que usamos hoy. Quevedo escribía dezir, por decir, oya, por oía, dixo, por dijo, çurcir, por zurcir… que hoy serían faltas de ortografía, lo cual demuestra la constante evolución del lenguaje que no atiende a ley alguna. La RAE no contempla la voz criselefantino, pero dime tú, lector inteligente, si hay otra forma más hermosa de decir que algo está hecho de oro y marfil, y qué delito cometo yo al escribirlo. Ninguno, igual que tampoco lo es cambiar las letras de sitio. Se llama metátesis, y de ese metaplasmo tenemos peligro y no periglo, como se decía antiguamente, pero se conoce que a la gente le costaba pronunciarlo tal cual venía del latín. Nada importa, en conclusión, a la ley, el lenguaje está por encima de esa escoria política afanada en prohibirlo todo. El Estado no debería entrometerse en lo que sale por nuestra boca o lo que escribimos en un papel, más allá de aquello que lesione la libertad de los demás.

¿No basta con que el maestro enseñe al alumno el camino del conocimiento? La ley debiera condenar solamente el uso del poder para adoctrinar al alumno. Sería suficiente con enjuiciar a un profesor que utiliza las aulas para inocular su ideología a los niños. Por ejemplo, si un maestro les explica que el uso correcto, esto es, el uso culto y común, es escribir “niños, niñas y niñes,” se le aparta de la escuela por estar engañando y adoctrinando, se le enjuicia y se le condena como corresponda a derecho. En cambio, si uno quiere ir diciendo eso por la calle o escribirlo en un poema, o pone niñxs en un tratado de antropología, allá él, nada pasa. Pero no, la ocurrencia es prohibir, y del mismo modo que hoy se hace así en Francia para “proteger a la República,” mañana se prohibirá lo contrario, el uso del lenguaje no inclusivo, se obligará a utilizarlo, o vaya usted a saber qué disparate consentimos en las aulas.

Pero, claro, el Estado ya pudrió hace mucho tiempo la educación. Es el enemigo que nos roe el corazón. Mientras la derecha y la izquierda se enrojecen en la pelea, el Estado crece y se fortalece con la sangre que derramamos por el camino.

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