… Y se alegran por el cierre de Deliveroo

«La envidia es un tipo de vicio en parte moral y en parte intelectual, que consiste en no ver nunca las cosas tal como son, sino en relación con otras.”

Bertrand Russell – La conquista de la felicidad, 1930.

La mayor virtud de la democracia como sistema de gobierno, si ha de tener alguna, es la de evitar que se concentre el poder en pocas manos, permitiendo que cualquiera pueda acceder a él, bien eligiendo a un representante o bien personalmente. La democracia no ha de ser un cauce para legitimar a la mayoría a imponer su voluntad a todo el mundo, y mucho menos para otorgar potestad a los representantes para que obren a su antojo porque han sido elegidos. Estaremos todos de acuerdo en eso, espero, y en los extremos se ve con claridad moral: una mayoría dispuesta a esclavizar o exterminar a una minoría no es legítima para ejecutar sus intenciones, de acuerdo con la libertad de las personas de no ser esclavas y vivir en paz. Lo mismo será en casos no tan límite.

Sin embargo, hay políticos, y mucha gente que les apoya, que se sienten persuadidos de que su perspectiva de la vida en comunidad es tan buena que desean que todo el mundo la secunde. Es más, algunos de ellos piensan que todos deberían vivir de acuerdo con ella. Y más aún, hay quienes hacen todo lo posible para imponerla al resto. Lo primero es de ingenuos, de necios lo segundo, y lo tercero, de tiranos. La dicotomía de izquierda y derecha, o de progresismo y conservadurismo, olvida este aspecto y se fortalece en otras discusiones menos fundamentales. A mi modo de ver, no es tan importante poner el foco en asuntos de igualdad social, o de religión, o de economía, como en aquellos que preservan la libertad de las personas de pensar y actuar de acuerdo a su voluntad, sin hacer mal a nadie. No me parece crucial, por ejemplo, la postura institucional que tenga una sociedad respecto a la Iglesia, o al menos no tanto como que deje a los individuos tener con Dios la relación que más les guste, sin estigmas, obligaciones ni represalias.

Pero hay personas, y lo que es peor, gobernantes, que no lo entienden así, que, lejos de aceptar que las personas somos diversas y con inquietudes infinitas, pretenden que todos hagamos las cosas a su manera. Y esto en el mejor de los casos, cuando sienten de corazón que sus ideas son moralmente superiores, pero hemos de tener en cuenta que en ocasiones concurren intereses perversos, como blindar un puesto de trabajo, obtener una subvención o mantener un escaño. Los hay que tienen una visión muy firme de cómo deben regirse las relaciones humanas amorosas y no consienten que dos hombres contraigan matrimonio, o que dos mujeres sean madres de la misma criatura. También los hay cuya idea de las relaciones laborales impone en qué condiciones es indigno trabajar, cuándo hay explotación y qué salario es justo. Los primeros pasan por encima de los sentimientos y pisotean el amor de las personas. Los últimos obligan a los individuos a aceptar una regulación que no desean. Condenan, en ambos casos, a la gente a vivir peor de lo que podrían hacerlo en su ausencia. En nuestros prejuicios está grabado que aquellos son de derechas y que estos son de izquierdas, y según tus propias convicciones quizá unos harán lo correcto y los otros no. Pero, a mi modo de ver, los dos extremos son facetas del mismo interés totalitario: imponer una ideología a todo el mundo, abrigados por la falsa legitimidad que ha otorgado una mayoría de votos. En cualquiera de los casos se cercena la libertad y se perjudica a los interesados, sin obtener ningún otro beneficio. Ninguno. Los más conservadores dirán que permitir que dos hombres que se aman convivan juntos hace daño a Dios y a la Virgen María, y los más progresistas dirán que este salario o aquel convenio mejoran la vida de los que más lo necesitan. Pero en realidad solo perjudican a los interesados: los amantes se tienen que esconder para besarse y los trabajadores tienen que vender su esfuerzo en la economía sumergida.

Tenemos un ejemplo reciente y grave de lo segundo. Deliveroo, la empresa de repartos de comida a domicilio, cierra su negocio en España justo antes de que entre en vigor la «ley raider«. Es la primera en cerrar, luego vendrán las demás. Los gobernantes, persuadidos de que hacen lo mejor para el pueblo e investidos por la legitimidad de haber sido elegidos democráticamente, imponen una ley cuyas condiciones la empresa no puede asumir. Conviene recordar que Deliveroo arroja pérdidas continuadas desde 2017, por no ir más atrás. Los defensores de la ley sostienen que es justa, que pretende evitar la precariedad laboral, los fraudes a Hacienda y a la Seguridad Social, etc. Ante la decisión de Deliveroo de abandonar España, la Ministra de Trabajo dice que estudiarán el caso, pero que nadie puede estar por encima de la ley. El portavoz de Podemos, mucho más atrevido, dice que Deliveroo venía a explotar españoles, y que la mayoría democrática votó para ilegalizar esa explotación. Un conocido diputado de Más País, también muy arriesgado, sugiere que el modelo de negocio de Deliveroo es una estafa, porque no funciona sin defraudar al Estado. Sin ánimo de valorar la catadura moral de quienes se alegran de esta desgracia, observamos pues cómo se quiere imponer una ideología sobre las relaciones laborales justas y dignas, sin importar la opinión de los interesados ni el daño que se les pueda causar. Ahora, tres mil personas han perdido su trabajo, miles de restaurantes reducirán sus ingresos y millones de consumidores perderán un servicio que deseaban. La empresa tendrá más pérdidas aún y, en consecuencia, sus accionistas perderán parte de sus ahorros. Esto último no es poca cosa, incluso desde un punto de vista social, pues el 40% del capital de la empresa pertenece a pequeños inversores, como tú y yo, que buscan rentabilizar cuatro duros para mejorar una jubilación que a todas luces no tenemos garantizada. Hablamos de 2.500 millones de euros de pequeños ahorradores en los que nadie piensa cuando se habla de grandes empresas sin dueño. Eso sin contar que los mayores propietarios de Deliveroo son fondos de inversión que a su vez están participados por pequeños inversores. En todo caso, a los riders, obviamente, nadie les ha preguntado antes de aprobar la ley. A los accionistas, a los restaurantes y a los consumidores tampoco. ¿Quién sale beneficiado entonces? Ahora ya no hay «explotación», esa es la defensa tras la que se esconden los promotores de la ley, pero no beneficia a nadie. Además, y lo más importante, la ley se impone por encima de los deseos de las personas que libremente acuerdan una relación laboral. Es preferible, según esos políticos, que no existan tales contratos y que los trabajadores vayan al paro a que haya gente que acepte condiciones laborales tan precarias. Es deseable, digo yo, que no existan trabajos tan ingratos, pero no es mejor condenar a quien no encuentra otro modo de echar adelante a vivir de la limosna de los políticos.

Sea como fuere, el ejemplo ilustra muy bien ese afán de algunas personas de dirigir la vida de los demás, con la mejor de las intenciones o con intereses perversos, tanto da, sin importar el deseo de las personas, su libertad ni el resultado de las leyes. Se confunde, con funestas consecuencias, el «cómo me gustaría que fuese la sociedad en la que vivo», y el «cómo debe ser, a toda costa, aunque a alguien no le guste».