El alquiler socialdemócrata

Todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, lo dice la Constitución. El Gobierno, a instancias de Pablo Iglesias, se ha orinado en ese derecho, prometiendo intervenir el mercado del alquiler en menos de cuatro meses.

El pensamiento socialdemócrata habla de evitar el «incremento abusivo y sostenido» del alquiler, apoyándose en «criterios técnicos.» La idea, con apariencia noble, es poner fin a la especulación en el mercado del alquiler, en socorro de los más desfavorecidos. Sin embargo, no se ayuda a quien lo necesita con palabras y buenas intenciones, sino con hechos. Y los socialdemócratas son muy hábiles para convencer diciendo lo que la gente quiere oír, se llama demagogia, y en no ayudar a nadie.

Los argumentos son halagüeños, pero falaces. El «incremento abusivo y sostenido» de los precios suena bien para el que paga el alquiler, ofreciendo la imagen de grandes tenedores de viviendas. Pero la realidad es otra, el 90% son pequeños propietarios. Dicen «criterios técnicos» cuando se refieren a que el Gobierno sabe perfectamente cuál es el precio justo de un alquiler concreto y designan a un burócrata para vigilarlo. No se atreven a llamarlos científicos, afortunadamente. Los parámetros que hacen que una vivienda valga más o menos para un inquilino no son solamente la localización o la superficie, hay muchos más detalles. Nadie puede valorar esos matices tan subjetivos con «criterios técnicos.» Seamos sensatos: ¿cómo podemos negarle a alguien el valor que le da a su casa?

Ese pensamiento socialdemócrata, envuelto en un sayo de bondad, encierra malicia. Pretende controlar los precios, para proteger a los más pobres, a costa de perjudicar al que le sobra. Parece bondad, pero es todo lo contrario. Imagina un pobre ciudadano que, después de vivir de alquiler los primeros años de su vida laboral, con el fruto de su trabajo consigue ahorrar lo bastante como para comprarse una casa. A fuerza ser productivo para la sociedad, de escatimar de aquí y de allá y guardarse lo poco que le sobra, cuando llega a la madurez profesional, si ha tenido suerte, a veces consigue comprarse una casa mejor en la que pasar la vejez, a veces no. Entonces, si no tiene hijos cerca que la necesiten, suele alquilar la primera para que otros jóvenes puedan progresar como lo hizo él. A cambio tiene una renta extra para vivir con comodidad los últimos años de su vida. Con ese fin llevaba cuarenta años trabajando. Seguro que puedes imaginar ese caso, lo has visto miles de veces. Ese pobre ciudadano es el que los socialdemócratas quieren castigar porque le sobra. La idea es muy dañina, porque, en ausencia de oportunidades de prosperar, el pobre ciudadano no se habría esforzado tanto en ser productivo para la sociedad, no habría escatimado su bienestar presente ni habría ahorrado para tener un futuro mejor. Una sociedad de esta suerte no progresa. Curiosamente, los socialdemócratas se llaman a sí mismos progresistas, lo cual debiera ser un delito de apropiación indebida.

Pero los hechos son lo que importa, decíamos, no lo que nos imaginemos. Cuando se interviene el mercado del alquiler limitando los precios los que más sufren son los inquilinos, no los arrendadores, que también, y la demagogia que prometían los socialdemócratas se descubre. Si se pone un límite más bajo que el precio mínimo en que uno estima su casa… no hay que ser un augur de la profecía: la casa no se alquila. Lo habrás oído muchas veces: «es que no me compensa.» Por extensión, la limitación conlleva una reducción de la oferta de viviendas disponibles en alquiler. Las que no se alquilan se deterioran, no se acondicionan, no se reforman, van perdiendo calidad y poco a poco se van ajustando al preció máximo obligatorio, por deterioro. En este contexto, si hay menos casas que inquilinos suceden dos cosas. Por un lado, si el mercado está lo bastante intervenido, aparecen las listas de espera, como en todo aquello donde el Estado tiene el control. Si no lo está, los arrendadores seleccionan a sus inquilinos, perjudicando siempre a los menos solventes, justamente a los que se pretende ayudar. Por otro, aparece el mercado negro, atendiendo solamente al acuerdo entre las partes, porque la gente no puede estar viendo en la calle mientras espera a que le toque el turno. En ese escenario, con menor seguridad contractual, los precios se incrementan aún más que en un mercado legal libre, y los inquilinos, esta vez todos, salen mucho más perjudicados. En el mejor de los casos, los más pobres conseguirán una vivienda de peor calidad después de pasar una larga lista de espera, y, quien pueda pagarlo, al margen de la ley y sin seguridad jurídica, podrá alquilar una en la economía sumergida.

El escenario es desolador, los socialdemócratas lo saben, la evidencia es clara al respecto, pero tienen un plan para resolverlo: grabar con impuestos las viviendas desocupadas, para fomentar su alquiler. De esa forma, a esos pobres ciudadanos que a penas tienen una casa de la que sacar cuatro duros para no malvivir en su vejez, se les obliga a alquilarla por lo que diga el Gobierno, so pena de extorsión fiscal. Los más audaces, me refiero a los más socialistas, no descartan la expropiación de viviendas en desuso. Parece un disparate, pero ahí están los ejemplos de sobra conocidos. El mercado negro emerge entonces con más ímpetu, colocando a cualquier amigo o empadronando a quien sea menester para salvarse del expolio. Vender la casa tampoco es mala cosa. En esta coyuntura, ya lo ves venir, se invierte menos en vivienda nueva. Tener una casa deja de ser un bien patrimonial desde el momento en que es dudoso poder alquilarlo para conseguir una renta y es muy costoso mantenerlo sin uso. A medio plazo, la situación desemboca en una desinversión en la construcción, y se resienten los sectores de la economía asociados, que son casi todos.

Entonces, ¿cómo hacemos para que las personas con menos recursos puedan acceder a una vivienda digna y dar así cumplimiento al mandato constitucional? ¿Hay alguna solución? Pues sí, justo lo contrario de lo que proponen los socialdemócratas: aliviar el mercado de regulaciones, desde la construcción hasta el alquiler, y ofrecer un marco legal seguro que garantice los contratos. Aumentará la oferta, para ajustarse a la demanda, y en libre y justa competencia se abaratarán los precios y mejorarán las calidades, como en cualquier otro bien de primera necesidad donde no meta las manos el Gobierno. Solo hay que mirar el precio de la ropa o de la comida, que no están intervenidos. Cada vez tenemos pantalones mejores y pollos más baratos, y una abundancia de productos casi indecente: cambiamos de vestuario cuando cambia el tiempo y se nos caduca la comida en la nevera sin darnos cuenta. No vemos a gente desnuda y hambrienta por la calle, sería bueno también que no la viéramos sin hogar. Estimado lector, la cuestión no estriba en si las personas que más lo necesitan tienen derecho a una vivienda digna o no, en eso estamos todos de acuerdo, sino en cuál es el mejor método para que la consigan. No te dejes engañar.

Si el Gobierno hiciera eso tan sencillo, apartarse y garantizar la seguridad legal, resolvería el problema sin mancharse las manos. ¿Entonces por qué no lo hace? Por lo de siempre, porque es socialdemócrata, es decir, porque tiende a la intervención y el totalitarismo, en lugar de a la libertad y la igualdad. Porque si controla puede dar a unos y quitar a otros, puede subvencionar, puede establecer criterios que favorezcan a quien le interesa, y generar al cabo una apariencia de utilidad, o más bien de necesidad, de que sin ellos estamos perdidos, de que sin su gratitud y buena fe no podemos ni tener un techo donde dormir. En cambio, si no hacen nada, podrían parecer inútiles, y nadie quiere mantener con sus impuestos a unos inútiles.

Por cierto, ¿lo de la crisis qué? ¿Y lo de la pandemia? ¿Y el paro? ¿Y las empresas, que cierran a millares? ¿Y los autónomos, inflándose a tranquilizantes? ¿Y la deuda que tendrán que pagar nuestros nietos? ¿Y los recortes que se avecinan? Vaya, con esto de los alquileres se me había olvidado por un momento. Qué curioso.