¿Qué implica el cambio en el CGPJ?

PSOE y Podemos han registrado una proposición de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial. Se trata del órgano de gobierno de los jueces, llamado a velar por la independencia de la justicia. Sus competencias son muy relevantes, elige presidentes, vicepresidentes y miembros en el Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales, entre otras tareas. Está formado por veinte miembros, de los cuales doce los elige el Congreso y el Senado y los otros ocho se acuerdan en las mismas sedes por una mayoría de 3/5, según está escrito en la Constitución. Esto significa que el CGPJ no es en absoluto independiente, sino que lo elige el poder legislativo. Pero, de momento, al menos ocho de los miembros tienen que tener un amplio consenso entre los diputados y los senadores de fuerzas políticas contrarias. Es una raquítica salvaguarda de la independencia judicial, pero algo es. PSOE y Podemos propone eliminarla, y que una simple mayoría permita elegir a los miembros del CGPJ, que luego gobernarán todas las esferas judiciales.

Esta reforma implica que quien gane las elecciones y pueda formar gobierno con la misma facilidad elegirá el CGPJ. Ya escribí ayer sobre el peligro de un grupo político que tenga en su mano el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Hoy, sobre las implicaciones prácticas de estos cambios. PSOE y Podemos saben que la reforma no cumple con la Constitución, pero no les importa. Es la primera de las consecuencias del cambio. La nueva ley les permitirá elegir el CGPJ a su criterio, con el apoyo de los mismos partidos que les llevaron al poder. Es posible que la nueva ley vaya al Tribunal Constitucional para ser juzgada, pero ese proceso es muy largo, y en el transcurso del tiempo el Tribunal Constitucional se irá nutriendo de aquellos miembros que el CGPJ elija, con lo cual no se retirará la ley.

Por otra parte, el Gobierno quiere resolver con urgencia este asunto, argumentando que el CGPJ está en funciones desde 2018. Lleva razón, igual que los Presupuestos Generales y muchos otros asuntos de relevancia. Sin embargo este parece ser de mayor importancia. Como es sabido, los políticos gozan de aforamientos, y los del Gobierno de uno muy grande. Por ejemplo, es el Tribunal Supremo el encargado de juzgar a Sánchez y a Iglesias por los delitos que cometieran. Es de sobra conocido que hay muchos asuntos que señalan a Iglesias por presuntos delitos, y también muchas causas que se podrían abrir contra Sánchez por la gestión de la pandemia. Sin entrar en detalles, controlar el Tribunal Supremo es una garantía para que no sean condenados, y solamente necesitan para ello elegir los miembros adecuados del CGPJ.

La urgencia primera es esa, salvaguardar la inocencia de PSOE y Podemos, pero hay otras secundarias que también tienen prisa. También sin entrar en detalles de salas y audiencias, no hay que hacer grandes cálculos para darse cuenta de que, con los jueces adecuados en el lugar adecuado, será más fácil maniobrar en los asuntos delictivos relativos al secesionismo y al terrorismo relacionados con Bildu y ERC. Tampoco hace falta ser un politólogo para observar que el Gobierno, de momento, depende de sus votos para mantenerse, habilitar presupuestos y aprobar leyes. También es obvio que será del agrado de otras fuerzas independentistas, como Junts, que algún asunto tienen con la justicia, o como el PNV, que está a favor de la reforma del CGPJ. El apoyo de estos partidos es muy útil para el Gobierno, tanto ahora como en futuras elecciones.

En el futuro, cabe decirlo también, si los jueces están bien atados en los tribunales correspondientes, los delitos de los políticos serán tratados interesadamente, para dejar impunes a los que gobiernan y, claro está, para condenar a los que se oponen. Este mecanismo permite, a la vuelta de poco tiempo, limpiar el escenario político de enemigos y delinquir con garantías.

A mayores, todos sabemos que las leyes han de pasar el filtro de la legalidad de los tribunales, y las grandes, de los grandes tribunales. No es necesario bajar al detalle para caer en la cuenta de que si esta ley contra la Constitución sale adelante lo pueden hacer otras muchas que no guarden el respeto al marco jurídico establecido. Con tales poderes se puede manipular el tejido legal para ir modificando la Constitución y adaptar el sistema a lo que interese, hasta el punto de sustituirla y cambiar el régimen de gobierno. Por ejemplo, se puede poner en marcha una ley que prohíba un determinado pensamiento político, ilegalizar a los partidos que lo sostengan y meter a sus miembros en la cárcel. No es ninguna broma, porque Ábalos y Sánchez no dejan de decir que el PP ha dejado de ser un partido de Estado, que es de ultraderecha, que es antisistema, etc. No les costará nada, cuando controlen a los jueces, condenar a Vox por delitos de odio, o contra la democracia, o lo que se les ocurra escribir en el BOE, y quitarse de en medio una fuerza política con millones de votantes. Y después el PP, obviamente, que vendría a ser la única fuerza de derecha y, por tanto, la más ultraderechista de todas. Podrían aprobar leyes para que no surjan nuevos partidos opositores, y refrendarlo si es necesario en la nueva Constitución. La república, sin rey, podría establecerse poco a poco sin ninguna revuelta. La prensa no sería menos: prohibición de “bulos,” persecución de periodistas disidentes, cierre de medios… Recordemos que el CIS ya nos preguntó hace meses si acaso no sería mejor que el Gobierno fuese la única fuente de información. Cómo habrá tenido que ver de negro el escenario El País, un periódico de izquierda y fiel al PSOE desde la transición, para hacer ayer un editorial titulado “Así no,” considerando inaceptable la reforma.

Hemos de ser conscientes de que todo este camino hacia el totalitarismo no es rápido ni fácil de recorrer. Pero también hemos de darnos cuenta de la facilidad con la que, en menos de un año de gobierno, PSOE y Podemos han contaminado otras instituciones y han conseguido un ambiente político que deteriora gravemente la libertad democrática. Las implicaciones del cambio en el CGPJ, en suma, liquidan la escasa independencia de la justicia y la deja en manos del político de turno. En última instancia, tampoco habrá más turnos. La democracia venezolana, aunque resulte tópico decirlo, es el esquema republicano que este Gobierno conoce y tiene ensayado: setecientos presos políticos, veintemil muertos al año por la policía, prohibición de salir del país, presidente vitalicio… Yo sé que hay gente que admira la libertad venezolana, pero hemos de ser conscientes de lo que conlleva. Ayer era trending topic en Twitter el hastag #OsQuedanTresAños. Para mi sorpresa, empezó siendo otra cosa, pero luego la mayoría eran comentarios de extrema izquierda aludiendo a que es el tiempo que le queda a la oposición para seguir con vida, que en la siguiente legislatura no estará ninguno en el parlamento, que no habrá más elecciones donde puedan participar. Los más eufóricos daban por bueno matar a patadas a los votantes de Vox, putos fachas, ya sabes, o aplicar una dictadura comunista como la de China para acabar con los problemas de la humanidad. En fin, vayamos paso a paso, primero el CGPJ.

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